Sobre los fondos de reactivación de las cuencas mineras

Publicado en La Nueva España (19-11-2005)

Tras la firma del preacuerdo entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y los sindicatos mineros para el diseño del nuevo Plan del Carbón 2006-2012, surge de nuevo la polémica en torno a qué actuaciones financiar a cargo de los fondos de reactivación y cómo asignar el dinero a cada proyecto. Da la impresión de que en el debate cada uno interviene dependiendo de su confianza en una u otra persona, más que en la responsabilidad contraída de cada institución. Por cierto, algo nada extraño en esta Asturias en donde ha sido imposible asentar unas instituciones sólidas por encima de los intereses puntuales de los distintos grupos de presión nacidos durante la transición democrática.

Si la crisis asturiana fue económica en los años ochenta y el comienzo de los noventa, no queda ya ninguna duda de que en la última década ha sido el entorno institucional el que ha mostrado cierto colapso. Así, no hemos sido capaces de diseñar, ni defender, unas instituciones autonómicas sólidas, ni unos ejecutivos con fuerte respaldo parlamentario, por lo que casi todos los Presidentes tuvieron que abordar serias crisis de gobernabilidad, cuando no la ingobernabilidad permanente. Es cierto que la economía asturiana ya es «normal», similar a la del resto de España, si bien sigue mostrando una baja capacidad de crecimiento, lo que no sólo dificulta la creación de empleo, sino también la sostenibilidad y mejora de nuestro sistema de bienestar (educación y salud), que es casi totalmente autonómico. El problema fundamental no se halla ya en los ajustes o en las reconversiones, sino en un entramado institucional mediatizado por los grupos de presión ligados a las actividades económicas del pasado que impiden la afloración pública de los nuevos sectores, nacidos a la luz de la modernización económica de Asturias. En fin, que Asturias sólo dará el gran impulso cuando los intereses de la mayoría de los ciudadanos copen las agendas y la opinión pública, demasiado influidas en la actualidad por sectores minoritarios que no saben cómo encontrar un hueco en el futuro económico de la región, aunque ocupen, eso sí, casi todo el espacio político-institucional.

Recientemente, se ha publicado un capítulo del «Handbook of Economic Growth» por Acemoglu et al., quienes defienden que las instituciones son la causa fundamental del crecimiento económico a largo plazo. Plantean cómo las instituciones políticas y la distribución de los recursos conforman el «poder político institucional», pero también un «poder político de facto», de modo que ambos poderes diseñan las instituciones económicas, que a su vez son las responsables del grado de crecimiento y de la futura distribución de los recursos. De esta forma, pueden convivir instituciones económicas ineficientes, dado que pueden existir grupos que ostentan un «poder político de facto», que mediaticen permanentemente la elección de instituciones económicas óptimas, con el objetivo de mantener una distribución de los recursos a su favor. Así, aun cuando hubiera otro entramado económico que generara más riqueza, habría grupos de intereses capaces de resistirse al cambio, si la nueva situación no les reportase mayores beneficios, e incluso podrían bloquearlo, si gestionan bien su «poder político de facto».

Habría quien pudiera argumentar, siguiendo al Nobel Ronald Coase, que si hubiese un entorno institucional alternativo con mayor capacidad de generar riqueza, bastaría un compromiso con quienes se resisten al cambio, por el cual se les traspasaría una subvención para mantener sus rentas, a cambio de ceder, de modo que todos estaríamos mejor, en tanto que el pastel sería mayor. Sin embargo, este acuerdo es difícilmente negociable dado que nadie creería en el compromiso de reparto futuro, puesto que en la nueva situación, los ganadores no tendrían incentivos para cumplir los acuerdos, dado que esos grupos de presión ya no ostentarían ningún «poder político de facto». Por lo tanto, sería difícil encontrar una vía no conflictiva para pasar de un entorno institucional a otro más eficiente, en el que nuevos poderes políticos, institucionales y de facto, gestionasen la «cosa pública».

Asturias necesita incrementar su crecimiento potencial y, para ello, se debe facilitar la visualización pública de los intereses de quienes, hoy en día, crean riqueza en Asturias. El crecimiento del último lustro ha variado la estructura económica de la región, sin embargo, los canales de comunicación entre los nuevos sectores económicos y el entramado institucional está bloqueado por los antiguos grupos de presión. Por ello, es necesario mitigar el poder de facto de los viejos «lobbies» cuyos intereses (lograr más subvenciones) no son los de Asturias. Así, ayudaremos a forjar la nueva mayoría social, cuyos objetivos (crecer más), sí están alineados con las necesidades de toda Asturias.

Ahora, una vez más, nos asomamos a un conflicto repetido ya mil veces: los sindicatos mineros quieren realizar el diseño económico de las cuencas post-minería. Si defienden que ellos han logrado los fondos públicos y, por ello, tienen el derecho a decidir sobre su destino, su discurso podría parecer razonable. Sin embargo, en ese caso nadie puede esperar una gestión eficiente de los mismos, en tanto que no tienen ningún incentivo a proyectar unas cuencas en donde la minería sea un sector testimonial, aunque a cambio haya mayor crecimiento económico, dado que esa nueva situación acarrearía el fin de su «poder político de facto» y, por lo tanto, de su misma existencia.

Por consiguiente, dado que los únicos representantes de los ciudadanos de las Cuencas son sus alcaldes y concejales, cuya responsabilidad es velar por el presente y el futuro de sus municipios, como deber es de la Junta General del Principado y del Gobierno marcar las prioridades del conjunto de Asturias, resulta necesario afirmar que deben ser ellos quienes señalen el camino y gestionen los fondos de reactivación económica de las comarcas mineras. Estamos, pues, ante un nuevo conflicto que puede ayudar a alinear los intereses de la mayoría de los asturianos y de los ciudadanos de los municipios mineros, es decir, crecer más o, por otra parte, apuntalar el poder de facto de los sindicatos mineros. En fin, crecimiento vs. status quo.