Reforma de la Ley Electoral de Asturias y crecimiento económico

Publicado en La Nueva España, (26-04-2006)


Con la mirada puesta en la futura reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias no son pocas las voces que piden una revisión de nuestra Ley Electoral que funda las tres circunscripciones en una sola con el objetivo de incrementar la proporcionalidad de los resultados. Es cierto que la división clásica de Asturias centro-alas ha muerto con el siglo pasado; sin embargo, esto no justifica la creación de una circunscripción única cuyo resultado inexorable pasaría por reducir la ya escasa capacidad del elector para mediatizar las listas electorales. Por el contrario, la reforma del Estatuto podría impulsar una nueva ley electoral que elevase el número de circunscripciones reflejando la red de villas y comarcas de Asturias en donde elegir a un número muy reducido de parlamentarios. Existen razones políticas que harían recomendable tal decisión. Por ejemplo, garantizar la cercanía entre los electores y los elegidos dado que cada escaño dependería esencialmente de la capacidad del diputado para representar a sus vecinos. Esta reforma ayudaría a devolver “el protagonismo a la sociedad civil”, una necesidad que acertadamente defendía el editorial de este diario, La Nueva España, el pasado 16 de abril. No obstante, en este artículo se pretende defender tal reforma como una herramienta para incrementar el ritmo de crecimiento de la economía asturiana dentro de amplio abanico de medidas para facilitar la transparencia institucional.

Durante los últimos años se ha desarrollado una “nueva economía institucionalista” que intenta explicar los resultados económicos como efectos necesarios de las instituciones existentes. Esta literatura en la que destaca Alesina o Acemoglu entre otros fusiona dos corrientes de la academia económica. Por una parte, la herencia de Douglass North (Premio Nobel, 1993) quien abordó el estudio de la historia económica marcando especial énfasis en los entornos institucionales. Y por otra, la de economistas como Gary Becker (Premio Nobel, 1992) y Ronald Coase (Premio Nobel, 1991) quienes utilizaban las herramientas de la investigación económica para abordar otros problemas sociales y, entre ellos, estudiar los marcos institucionales óptimos para garantizar que el libre mercado genere resultados positivos. Así, bebiendo de ambas tradiciones se ha desarrollado una amplia literatura que utiliza la teoría económica, las matemáticas y la econometría para avalar el modo en que las instituciones influyen sobre el ritmo de crecimiento de las economías y, con ello, sobre el bienestar general. Pues bien, siguiendo este campo de la investigación económica se puede realizar una breve reflexión en torno al modo en que ley electoral y el crecimiento económico podrían interactuar en nuestra Comunidad.

La construcción del marco institucional autonómico de Asturias comenzó a fraguarse en la transición democrática y a través del primer Estatuto de Autonomía se puso en planta un sistema parlamentario con sólidos partidos políticos. Pero además se configuró un escenario público en donde la opinión de fuertes grupos de presión ligados a los principales sectores económicos de entonces ostentaban un alto grado de poder. Así, una generación de asturianos que había impulsado decididamente la democracia y el sistema autonómico, comenzó a tejer una tupida red de confianza que ha sido la pieza clave en la evolución de Asturias en el último cuarto del siglo pasado. Sin embargo, el sistema comenzó a mostrar síntomas de agotamiento en los primeros años noventa cuando las rentas comenzaron a menguar y los lobbies que operaban en Asturias se había conformado ya en agentes conservadores que apostaban por el mantenimiento del status quo económico. De este modo, los intereses de estos grupos de presión han copado la escena pública y no han estado correlacionados con lograr altas tasas de crecimiento económico sino con obtener de los distintos gobiernos mayores niveles de gasto público, fortaleciendo así su poder dentro del juego institucional de Asturias. Por lo tanto, la agenda pública de la región se ha ido inclinando hacia los problemas de los sectores con dificultades y no tanto hacia las necesidades de las actividades económicas con mayores potencialidades cuyos grupos de presión han sido excesivamente débiles cuando no inexistentes.

Mientras tanto, los asturianos han ido creando una nueva economía no oficial, fuertemente terciarizada como señalan en varios artículos Santiago M. Argüelles y Fernando Rubiera, responsable del crecimiento económico sostenible de los últimos años. Una renovada estructura económica que alberga una sociedad civil la cual casi ha renunciado a marcar la agenda pública, haciendo valer la hipótesis de Oscar Buznego (La Nueva España, 12-04-2006) sobre la aplicación de la “espiral de silencio” teorizada por Neumann que explicaría el elevado “no sabe, no contesta” de las respuestas de los asturianos en distintas encuestas en torno a sus opiniones sobre las vías de futuro de Asturias. De este modo, los lobbies más conservadores mantienen monopolizada la agenda pública dificultando la apertura de renovados debates en torno a las prioridades de la política económica del Principado. No obstante resulta urgente un rediseño de la agenda económica que ponga en primer lugar las necesidades de quienes hoy en día crean valor en Asturias con el objetivo de fortalecer el proceso de crecimiento económico de los últimos años. Y para ello se debe facilitar la afloración de los intereses de los ciudadanos que viven más bien al margen de la agenda oficial. Con este propósito se podría abordar una reforma de la ley electoral que haga más porosa la relación entre los electores y los elegidos, ayudando a minar la coalición de confianzas mutuas surgidas en la transición entre los partidos políticos y los lobbies creados en aquellos años que fue esencial para la puesta marcha de nuestra democracia pero que actualmente está dificultando la actualización de la agenda de reformas.

Consecuentemente la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía podría ser la puerta de entrada de una nueva ley electoral que elevase el número de circunscripciones con el propósito de elegir en cada una de ellas a un número muy reducido de diputados. El objetivo es evitar votar una larga lista de candidatos, muchos de ellos desconocidos para la mayoría de los electores, que responden fielmente a las direcciones de los distintos partidos en donde los grupos de presión conservadores pueden ejercer una influencia mayor para situar en primer lugar sus prioridades. Si cada diputado respondiera directamente ante un colegio electoral no muy numeroso la presión directa de su electorado podría ayudar a aflorar los intereses de quienes hoy impulsan el crecimiento económico sostenible en Asturias. Ciertamente la reforma de la ley electoral podría ser una vía más para facilitar la visualización de los nuevos intereses que deberían jugar en la escena pública dentro de un marco más amplio de fortalecimiento institucional. En todo caso sirva este artículo para incorporar una opinión más en un debate en el que las reclamaciones por una circunscripción única o el mantenimiento de las tres actuales no agotan las posibilidades de elección de los ciudadanos.