Los Presupuestos de 2008, más allá de las cuenta públicas

(Publicado en La Nueva España, 22-11-2007)

El Gobierno regional ha presentado recientemente su proyecto de Presupuestos Generales para el año próximo. Es el inicio de un tenso período de duras negociaciones en el marco de la Junta General y en unas circunstancias especiales, dado que el Ejecutivo no cuenta con mayoría absoluta. Así pues, en este punto del trámite parlamentario cabe reflexionar sobre la idoneidad de estos Presupuestos en un entorno de elevadas incertidumbres en los mercados financieros. Pero también es necesario recapacitar sobre la conveniencia de utilizar este debate presupuestario como un elemento más de erosión gubernamental, justo en pleno proceso de renovación institucional de Asturias, después de los oscuros años noventa.

En el área exclusivamente económica estos presupuestos deberán ejecutarse en un año en el que las perspectivas globales se han teñido de una elevada incertidumbre. En estos momentos los mercados internacionales están sufriendo una reducción notable de la liquidez, lo que está generando una caída en la disponibilidad de las entidades financieras a conceder nuevos créditos. La razón se halla en el incremento de la morosidad en las hipotecas concedidas a clientes de dudoso historial de pago en EE UU. La economía asturiana, que se encuentra ya plenamente integrada en los mercados globales, deberá sortear en la medida de lo posible la reducción de la inversión y del consumo que podrían suponer las actuales restricciones de acceso al crédito. Por otra parte, durante los últimos años España ha vivido un extraordinario boom del sector constructor que ha comenzado a corregirse en este año y cuya evolución resulta incierta, si bien todos los indicadores apuntan hacia una suave desaceleración. Así pues, existen suficientes elementos económicos para valorar la política presupuestaria de este Gobierno.

En este sentido, el Ejecutivo regional ha presentado unos Presupuestos Generales que responden moderadamente bien a estos desafíos a través de una fuerte inversión en I+D+i, educación e infraestructuras con el objetivo de incrementar la productividad de la economía y a compensar parcialmente la caída de la demanda privada en el sector de la construcción. Además, estos programas de gasto guardan coherencia con las directrices de política económica del Gobierno de la nación bajo un fuerte compromiso con la estabilidad presupuestaria, que está permitiendo una caída de los intereses asociados a la deuda pública (nacional y autonómica), liberando mayores recursos para atender las prioridades de gasto. Con todo, en los próximos días conoceremos más fielmente las concreciones de este Presupuesto regional, lo que, sin duda, abrirá la puerta a las eternas disputas regionales que no deberían ocultar una valoración favorable del cuadro presupuestario en su conjunto.

Pero el debate parlamentario nos va a ofrecer también información en torno a la madurez de nuestras fuerzas políticas en pleno proceso de «reconversión institucional». Como he defendido en otros artículos publicados en este diario, la auténtica crisis asturiana ha sido institucional. Si los años ochenta representaron el inicio de todo un proceso de reestructuración industrial, los noventa estuvieron marcados por un bloqueo institucional que impidió responder con celeridad y eficiencia al nuevo entorno económico. Esa década estuvo marcada por una inestabilidad política permanente y una tensión social elevada que dificultó un planeamiento de medio plazo acorde con la integración de Asturias en los mercados globales. Sin embargo, con la entrada del siglo XXI ha comenzado a galvanizar una nueva estructura económica nacida en los resquicios de las prioridades públicas de los noventa. Para ello, ha sido clave la estabilidad institucional de los últimos años y una incipiente manera de entender la labor política que sustituye el reparto de dinero público entre sectores sin futuro por la colaboración estrecha con las actividades económicas con mayores potencialidades. Por fin, Asturias ha conseguido cerrar legislaturas completas con gobiernos moderadamente sólidos, los grupos de presión ligados al sector público empresarial han pasado a un segundo plano y una nueva ciudadanía toma protagonismo en la esfera pública. Todo ello, está liderando una terciarización creciente de la economía y una adaptación acelerada a los estándares internacionales (a lo que la emigración de algunos jóvenes está contribuyendo muy positivamente), pero también está permitiendo recuperar la ilusión ante el futuro. Así pues, este Presupuesto regional llega en un momento clave de todo este proceso de «re-institucionalización» y, por ello, su trámite parlamentario afecta no sólo a cuestiones financieras del Gobierno autonómico, sino también a la confianza de la ciudadanía sobre su capacidad para diseñar una nueva Asturias.

Por lo tanto, en las próximas semanas los asturianos afrontaremos un debate parlamentario clave para nuestra región. Las cifras iniciales que presenta el Ejecutivo suponen un proyecto razonable ante los desafíos del próximo año y ofrecen un amplio margen para una negociación en sede parlamentaria que permita forjar una amplia mayoría. En mi opinión, el Gobierno y la oposición deberían ser conscientes de que estos Presupuestos no sólo afectan a las cuentas fiscales de la Administración, sino también al proceso de «re-institucionalización» y, quizá solo por ello, su aprobación resulta crucial. De este modo, las perspectivas económicas obligan a tener un Presupuesto centrado en la inversión y en la mejora de la educación, por encima de los debates de proyectos puntuales, y el futuro de Asturias necesita un nuevo acuerdo político que asiente el optimismo y la confianza entre los ciudadanos.